Dos vocablos toman fuerza cuando indagamos sobre la transformación industrial del cáñamo dentro del país; “potencial” y “oportunidad”. Si bien se trata de una actividad que sólo ahora comienza a delinearse en el mundio, cuyo mercado aún se está determinando, no son pocos quienes señalan las ventajas que tiene Argentina para generar valor a partir de la planta
A partir de una legislación estimulante para el cultivo de cannabis con fines terapéuticos, proliferaron diferentes proyectos para cultivar a lo largo y ancho del país. Habilitado por la nueva normativa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) participa en más de diez proyectos en busca de generar conocimiento científico sobre el uso medicinal de la planta. Con esta luz verde, se pretende que Argentina se ponga a la par de los países líderes de la región. Se trata de Uruguay, que legalizó la producción y consumo de la planta hace ocho años, y Colombia, que -gracias a flexibilizaciones de las exportaciones de derivados de la marihuana- esperan ampliar la producción y su presencia en el comercio internacional.
Actualmente, la mayoría de los países no dispone de un marco normativo que genere las bases elementales para la industrialización de la planta. Inclusive, Estados Unidos y Canadá, quienes hoy concentran el mercado de cannabis, no avanzaron con la legalización sino hasta mediados de los años 90. Si bien la legalización no es una ley federal en EEUU, muchos estados la convalidan, siendo California el pionero en aprobar la marihuana con fines medicinales en 1996. En tanto, los canadienses lo hicieron recién en 2001. En efecto, al tratarse de una actividad emergente, quienes más avancen en materia de reglamentaciones, correrán con ventajas en la competencia por la manufacturación del cannabis. Así lo entienden algunas autoridades del Gobierno nacional.
Por ejemplo, el ministro de producción Matías Kulfas no quiere perderse la oportunidad y se suma a la “fiebre verde”. En declaraciones públicas, el funcionario remarcó que el país cuenta con capacidad para “desarrollar una nueva industria” a partir de la planta. El Ministerio ve la hierba con potencial de commodity, en efecto, como materia prima para la agroindustria e insumo para los laboratorios. Por ello, es el propio ministro quien presentó un nuevo proyecto para acabar con las reglamentaciones opacas que aún prevalecen en diferentes eslabones durante toda la cadena de producción y comercialización. Con reglas de juego claras y estímulos para la investigación en torno a la genética, cultivo y cosecha, el país tiene potencial “para convertirse en líder regional e insertarse en el comercio internacional”.
Además, el Gobierno estima que, una vez desarrollado, el sector podría generar US$50 millones en concepto de exportaciones, “proyectando un escenario conservador”, según declaraciones de Kulfas. Además, destaca la generación de puestos de trabajo en las provincias prestas a desarrollar los cultivos. No obstante, aún falta un largo camino por recorrer. Interesados en el desarrollo del sector advierten que un sistema normativo desactualizado con instituciones burocráticas puede opacar la potencialidad del sector. Toda dificultad que surja en la fase experimental atrasa la obtención del know how e información clave para la producción, relegando al país de sus eventuales competidores. Más aún cuando la ONU retiró recientemente al cannabis de la lista de estupefacientes más peligrosos, reconociendo sus propiedades medicinales. Esta determinación allana el camino para que nuevos países avancen en la industrialización de la planta.
El caso California
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